PROPUESTAS DE GOBIERNO

Políticas sociales

Aspiramos a construir una sociedad sin excluidos y con igualdad de oportunidades en la que todos los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos, y donde el movimiento social ascendente sea una consecuencia del merito y el esfuerzo. El bienestar concreto del hombre será el centro y objetivo primordial de la acción de gobierno.
La mejor política social es el empleo y la ética del trabajo. Dicha política debe buscar atenuar el infortunio y la desigualdad de oportunidades y no dañar el mecanismo de incentivos propio de una sociedad donde se respetan la libertad y la responsabilidad.
No obstante, el Estado debe estar siempre presente para aquellos que ante determinadas contingencias vean afectados sus derechos y el ejercicio de su libertad. En estos casos, mecanismos de protección que también se sustenten en el concepto de solidaridad y que basen su legitimidad en la representación del Estado para la imposición de mecanismos de redistribución directa, se constituyen como imperiosos.
Nos proponemos acabar con la actual situación de caos y manejos poco claros de las políticas sociales y generar las condiciones necesarias para disminuir las disparidades sociales (tanto de ingresos familiares como regionales). Ello, a través de un reordenamiento y coordinación de las funciones sociales del gobierno nacional y las provincias y la unificación de los planes sociales en dos grandes ejes, el primero basado en la condición de desempleo y el segundo en la condición de pobreza.
Estamos convencidos que la única manera de construir políticas sustentables y beneficiosas para el conjunto de la población es planteando reglas o requisitos claros y accesibles para todos, que quien necesite asistencia pueda solicitarla directamente, sin intermediarios, para que se determine su acceso en función de criterios claramente establecidos e iguales para todos.
Asimismo, se prevén programas diseñados directamente por las provincias bajo el marco institucional descentralizado, dependiendo de las particularidades de cada localidad, referentes a Vivienda, Infraestructura social, Grupos comunitarios, Adicciones, Educación, Deporte y recreación, etc.

Seguridad

Jerarquizar las fuerzas policiales, que deberán integrarse con personal seleccionado y educado en el conocimiento de la ley y de sus deberes y límites, y estar bien equipadas y remuneradas.
La legislación procesal penal debe ser actualizada en forma permanente en función de las modificaciones que experimenten las modalidades delictivas. Debe mantener el equilibrio de poner límites a la acción policial sin neutralizarla.
El sistema carcelario debe modernizarse, ampliando la capacidad y mejorando el estado de las cárceles, que hoy impide la recuperación de los delincuentes y los somete a mayor sufrimiento y degradación.
Los sistemas de inteligencia policiales, del Estado y de las fuerzas de seguridad, piezas fundamentales para el éxito de la lucha contra el delito, deben aportar información anticipada y esclarecedora
La actitud de la comunidad es central. Una sociedad indiferente, que se deja ganar por el miedo y asume una posición pasiva e inocua contra el delito, crea una situación de anomia, en la cual tanto la policía como la justicia ven disminuida su eficacia por falta de respaldo social.

Educación

El Estado debe garantizar el acceso a la educación, estableciendo la obligación de la asistencia desde el nivel preescolar hasta finalizar el ciclo de Polimodal/ Secundaria.
También creemos que tanto la elevación de la jerarquía y aptitud del personal docente como la calidad de la enseñanza en la Educación General Básica y Secundaria son tarea del Estado, promoviendo a aquellos que más esfuerzos pongan y mejores resultados obtengan con su quehacer.
El sistema de educación superior debe mejorar en excelencia y en su capacidad para permitir el acceso a la formación universitaria a quienes estén capacitados aunque carezcan de medios. Se trata de dar igualdad de oportunidades en un objetivo de equidad social.
La investigación es una tarea primordial del ámbito universitario y como tal debe ser desarrollada y promovida en forma libre.

Justicia

El derecho protege frente a la arbitrariedad y al abuso del poder y esa es la razón por la que asegurar la justicia es el único camino hacia el gozo de la libertad.
Resulta necesario modificar y jerarquizar el sistema de designación de jueces y también los actuales plazos legales para acelerar su trámite.
Resulta indispensable una precisa modificación de nuestras leyes procesales a efectos de abreviar los juicios y reducir la litigiosidad a fin de disminuir el número de casos tratados por el poder judicial.
Deberá ponerse en marcha una urgente modificación de nuestro sistema penitenciario, hoy superpoblado y en estado vergonzoso.

Salud

La salud de la población es un objetivo prioritario de la acción de gobierno. Por ello, proponemos políticas dedicadas, en primer término, a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, de modo de evitar su aparición.
Creemos que toda política sanitaria debe guiarse por cuatro valores fundamentales: universalidad, equidad, solidaridad y eficiencia.
Universalidad entendida como la cobertura para todos los habitantes de la Nación.
Equidad entendida como la igualdad de condiciones (en términos de calidad, accesibilidad y disponibilidad) ante igualdad de necesidades.
Solidaridad entendida como que, independientemente del nivel de ingreso de la persona, siempre tendrá garantizado el acceso al plan de salud. La población de mayor poder contributivo, soportará a la población de menores recursos.
Eficiencia: mejorar la salud de la población, garantizando el uso eficiente de los recursos.
Los hospitales públicos deben volver a ser centros de excelencia en condiciones de afrontar eventuales catástrofes y en los que todos los ciudadanos que no poseen cobertura médica puedan ser atendidos sin demoras y con el respeto que merecen.

Política económica

Para el logro del crecimiento económico en todos los niveles es prioritario asegurar la competencia en los mercados a los efectos de evitar situaciones que hagan posible el abuso por posición dominante. De lo contrario se producirán necesariamente inequidades.
El combate contra la evasión debe librarse, de una vez por todas, a fondo. Para ello debe actuarse simultáneamente en dos frentes: a) en la simplificación de la estructura impositiva que atienda principalmente a facilitar el pago y a mejorar el control; b) en la reforma de los órganos responsables de la administración tributaria y de aduana.
Debe modificarse el régimen de coparticipación federal de impuestos con el criterio de lograr correspondencia fiscal. El Gobierno Nacional debe reservarse la recaudación de impuestos en la medida suficiente para cubrir sólo su propio gasto, suprimiéndose las transferencias a las provincias. Se deberán devolver potestades tributarias a las provincias para que éstas, en su conjunto, recauden la totalidad de los fondos necesarios para cubrir el gasto provincial consolidado. Un fondo compensatorio, al cual aporten todas las provincias el producido de alguno de sus propios tributos, permitirá, mediante la transferencia hacia las provincias más pobres, mantener en el inicio los montos que actualmente recibe cada provincia
La Cadena Agroindustrial tiene el potencial de generar desarrollo y trabajo desde el interior del país, y mejoras en los salarios reales, en forma muy superior a las se logran con la distribución de lo recaudado por retenciones a las exportaciones. Impide también el desarrollo armónico y sustentable de la producción agropecuaria
Deberán establecerse incentivos para la investigación y el desarrollo de empresas de software y de alta tecnología (electrónica, robótica, nuclear, espacial, bioingeniería). Debe introducirse la informática en todo el proceso educativo formal.
La creciente demanda de bioenergías, junto a crecimientos significativos en la demanda de proteínas, grasas y lácteos, generan una situación muy favorable para la radicación de inversiones en todas las regiones del país, y por ello serán alentadas.
Las actuales condiciones de infraestructura y servicios públicos, no puede continuarse. En tal sentido creemos necesario para revertirlas y normalizarlas:
Los marcos regulatorios aplicables a los servicios públicos y concesiones, deben enmarcarse en reglas procompetitivas, asegurando la estabilidad jurídica y tributaria, asignando la responsabilidad regulatoria a entes federales en los casos de servicios e infraestructura de carácter interprovincial.
El sector de hidrocarburos debe contar con un marco legal que consolide la desregulación de la industria y contenga facultades concurrentes en materia de legislación ambiental.
Debe mejorarse la competencia en el mercado de combustibles, combatiendo al mercado informal y activando el negocio de oportunidad del mercado externo. Debe revisarse el régimen tributario sobre los combustibles, que introduce distorsiones en el parque automotor y en el proceso de refinación por la baja carga impositiva del gasoil, en relación con las naftas, pero manteniendo la carga promocional del Gas Natural Comprimido por sus ventajas ambientales.
En el sector eléctrico se deberán introducir ajustes para asegurar inversiones en las áreas de generación y transporte. También se deberá rever la normativa vigente para la expansión del sistema de transporte eléctrico en alta tensión para motivar la inversión privada.
Deberá alentarse el uso de energías no convencionales, en particular en aquellas zonas fuera de las redes habituales de abastecimiento.
La red caminera deberá asegurar un nivel de accesibilidad razonable a las distintas regiones del país.
El mercado de las telecomunicaciones debe someterse a la mayor apertura y competencia.

Cultura

Creación de espacios de desarrollo para el arte y las manifestaciones culturales, el fomento a los artistas y la promoción del contacto de la comunidad con el arte, posibilitando el fácil acceso a bibliotecas, museos y teatros a todos los estratos sociales, respetando el principio de privilegiar la llegada de la cultura a todos los ciudadanos.
Preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, por lo que tiene plena justificación la asignación de fondos públicos a la cultura, en suplemento a los recursos propios que puedan obtenerse en los centros culturales estatales, tendiendo a un acceso igualitario de todos los sectores a los productos y procesos culturales.

Política exterior

Nuestras relaciones internacionales deben tener como orientación, el respeto de las libertades fundamentales, la preservación y la búsqueda de la paz, la práctica de la democracia política y el respeto de los derechos humanos.
La necesidad de desarrollar y potenciar nuestras relaciones y comunicaciones se refiere a todos los países y no sólo a Europa y América del Norte. Debe darse particular atención a los nuevos protagonistas en el Este y el Oeste. En un mundo globalizado no es posible crecer aislados. La Argentina debe salir a conquistar nuevos mercados y nuevas alianzas, respetando las reglas que le impone su participación en las instituciones que caracterizan el orden mundial vigente
La incorporación de la Argentina a acuerdos regionales no debe excluir la búsqueda de la ampliación de las fronteras de nuestro comercio exterior en un marco multilateral.
La renuncia al uso de la fuerza y la aceptación del “paraguas” en el tratamiento de la soberanía en las negociaciones sobre las Islas Malvinas, no debe implicar el abandono del objetivo final de su reincorporación al territorio nacional por la vía de las negociaciones diplomáticas.
La diplomacia argentina debe caracterizarse por su excelencia y por su eficiencia. El ascenso se basará en el mérito: los nombramientos políticos deberán constituir limitadísimas excepciones solo de aquellos de capacidad, talento y condiciones objetivamente indiscutibles, tal como lo prescribe la Ley del Servicio Exterior.

Libertad de prensa

Debe asegurarse la plena libertad de expresión y de prensa, y en ese sentido, descartamos todo tipo de censura previa, por lo que los responsables de los contenidos emitidos por los medios deben ejercitar su propia responsabilidad en cuanto al valor moral, cultural y artístico de lo transmitido.
Debe respetarse el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a expresarse de todos los grupos sociales.
Se buscará asegurar el más amplio pluralismo informativo mediante una distribución de la pauta publicitaria del gobierno según criterios objetivos, sin hacer un uso político ni discrecional de los recursos.

Relaciones laborales

Creemos que debe democratizarse a fondo la representación de los trabajadores. El monopolio de representación sindical no tiene justificación de naturaleza política, ni económica ni social.
Es preciso garantizar la libertad de agremiación y las asociaciones sindicales deben establecerse como entidades civiles, sujetas al control de la Inspección de Personas Jurídicas y no al del Ministerio de Trabajo.
El crecimiento genuino del nivel de los salarios reales –sostenible en el tiempo y protegido de avatares inflacionarios- sólo puede resultar del aumento de la productividad laboral, lo que a su vez dependerá de la acumulación de capital y tecnología y de una apropiada organización de la producción.
La creación de empleo sólo proviene de la inversión y del desarrollo, los que deben compensar en exceso el aumento de productividad.
Se debe crear un sistema que permita al trabajador despedido y desempleado contar con un nivel de ingresos que le permita afrontar su situación por un tiempo razonable.
Creemos en la conveniencia de un seguro de desempleo gestionado transparentemente que reemplace los sistemas vigentes que en muchos casos no garantizan la percepción de una compensación para los trabajadores y representan un elevado costo para las firmas.

Modernización del Estado

Nuestro país necesita contar con un Estado que sea eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones esenciales e indelegables. Esto puede y debe lograrse mediante una profunda modernización, que abarque los tres niveles de gobierno (Nación, Provincias y Municipios)
Proponemos la implementación de una modernización de los métodos y procedimientos administrativos: expediente y firma electrónicos (e-government); nuevo régimen de compras y licitaciones; transparencia; acceso a través de internet; participación del sector privado y descentralización hacia niveles inferiores de gobierno.
Creemos que el personal estatal constituye un recurso invalorable en la transformación del Estado, y por ello haremos especial hincapié en su capacitación y en la provisión de herramientas e incentivos adecuados que les permitan desarrollar su tarea eficazmente.

Reforma Política

Proponemos una reforma política que sea un cambio a fondo de los métodos y objetivos con que hasta ahora se ha practicado el manejo de lo público.
Queremos hacer de la ética pública una condición excluyente de la acción de gobierno, que tenga la autoridad moral de reclamar a su vez la ética privada.
Además de la honestidad y el patriotismo, creemos que debe exigirse la idoneidad como una condición necesaria para el ejercicio de la función pública en cualquiera de los tres poderes.
Exigimos la supresión de todo tipo de privilegios en el ejercicio del poder, en la función pública y en la práctica de la política.

Defensa

En un contexto libre de objetivos de conquistas territoriales y políticas internacionales que requieran el apoyo activo de la fuerza, las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental asegurar mediante la disuasión, la integridad territorial del país.
Al ser responsabilidad de las fuerzas de seguridad el combate al terrorismo urbano o rural, o al narcotráfico, en la medida que estos no se constituyan en fuerzas regulares y uniformadas, el rol de las fuerzas armadas debe limitarse al apoyo logístico y de inteligencia y sólo en el caso en que las fuerzas de seguridad sean superadas y siempre y cuando haya decisión expresa del Congreso de la Nación, cabría su participación.